Seis aA±os de espera y el desafAÂo de ordenar los cables en Chile
El retiro tampoco puede hacerse indiscriminadamente, porque deben considerarse tensiones, anclajes, mensajeros, cruces, acometidas, distancias de seguridad respecto de conductores elA©ctricos y continuidad operacional de las redes activasaÂÂ.
IvA¡n RamAÂrez
Lenta aplicaciA3n de la ley:
El reglamento de la normativa que obligA3 a las empresas a retirar el cableado en desuso comenzA3 a regir reciA©n el aA±o pasado. El plan contempla 66.226 intervenciones a 2028 y, hasta el momento, se han retirado mA¡s de 30.000 kilos de basura aA©rea y ordenado mA¡s de 180.000 metros de cables.
Claudia Betancourt M.
AcadA©mico de la Universidad Mayor
Un caso emblemA¡tico de letargo regulatorio es la ley conocida como aÂÂChao CablesaÂÂ, que se demorA3 seis aA±os en ser aplicada. El reglamento, que fue retirado dos veces de la ContralorAÂa tras observaciones e impugnaciones de la industria, reciA©n entrA3 en vigencia en septiembre de 2025 con un procedimiento comAon para operadores, municipios y la SubsecretarAÂa de Telecomunicaciones (Subtel), para que identifiquen y retiren los cables en desuso.
El plan estA¡ en marcha desde mayo de este aA±o y contempla 66.226 puntos entre 2026 y 2028 (14.681 en 34 comunas este aA±o; 25.770 en 131 comunas el prA3ximo, y 25.775 puntos en 154 comunas en 2028).
Para IvA¡n RamAÂrez, acadA©mico de la Universidad Mayor, la ley de 2019 fijaba la obligaciA3n, pero faltaba definir cA3mo cumplirla; es decir, quA© cables estA¡n en desuso, quiA©n es su dueA±o, procedimientos y plazos de retiro, y coordinaciA3n entre operadores y municipios. aÂÂLo que se destrabA3 en 2025 fue la operacionalizaciA3n y exigibilidad prA¡ctica de la ley. Un cambio especialmente importante es pasar de operativos voluntarios o aislados a planes anuales formalizados. La Subtel debe aprobar los planes de retiro, ordenamiento y establecer metas nacionales, regionales y comunalesaÂÂ, sostiene.
Desde la mirada del diputado RenA© Manuel GarcAÂa, presidente de la ComisiA3n de OO. PP., Transportes y Telecomunicaciones de la CA¡mara, el primer obstA¡culo que tuvo esta normativa aÂÂfue la propia burocracia del EstadoaÂÂ. Y aA±ade que aÂÂun reglamento que tarde seis aA±os es inexplicable; y, mientras tanto, esos cables siguieron colgando durante temporales, que agravaron las emergenciasaÂÂ.
A juicio del parlamentario, durante dA©cadas las empresas de telecomunicaciones fueron cambiando tecnologAÂa, pasando del cobre a la fibra, y dejaron el cable antiguo colgando del poste aÂÂsimplemente porque no habAÂa ninguna norma que las obligara a retirarlo. La ley puso fin a esa irresponsabilidadaÂÂ, dice.
RenA© Manuel GarcAÂa precisa que, hoy, cada compaA±AÂa responde por la instalaciA3n, identificaciA3n, mantenciA3n, ordenaciA3n, traslado y retiro de sus redes. aÂÂY no nos equivoquemos: esto no es una cuestiA3n de estA©tica urbana; un poste sobrecargado es un riesgoaÂÂ, comenta.
Un poste, muchos dueA±os
Para los expertos, la parte mA¡s compleja de la implementaciA3n son las dificultades tA©cnicas que aparecen en terreno. Retirar cables es mA¡s difAÂcil que cortar lo que parece viejo.
Un solo poste puede acumular dA©cadas de energAÂa elA©ctrica, fibra A3ptica coaxial, pares de cobres y acometidas, incluso de operadores que desaparecieron.
Sobre este punto, IvA¡n RamAÂrez manifiesta que es importante determinar la propiedad y el legado tecnolA3gico. Y observa que en este proceso de retiro se presentan algunas dificultades como la ausencia o mala calidad de inventarios histA3ricos, ademA¡s de un problema operacional. aÂÂEl retiro tampoco puede hacerse indiscriminadamente, porque deben considerarse tensiones, anclajes, mensajeros, cruces, acometidas, distancias de seguridad respecto de conductores elA©ctricos y continuidad operacional de las redes activasaÂÂ, seA±ala.
Ordenar no es soterrar
Rodrigo Arriagada, investigador principal de Clapes UC, explica que la ley regula el ordenamiento de cables de telecomunicaciones y no el soterramiento, tarea que implica llevarlos bajo tierra, construir ductos, cA¡maras y conexiones, lo que aÂÂa su parecera es una intervenciA3n mucho mA¡s compleja y costosa.
Sin embargo, advierte que soterrar posee varios beneficios: aÂÂReduce la exposiciA3n de los cables al viento, las ramas y los choques contra postes, por lo que puede evitar ciertos cortes y mejorar la seguridad. TambiA©n despeja el paisaje urbano y, si se retiran postes, libera espacio en las veredasaÂÂ.
Con relaciA3n a este tema, en enero de este aA±o las empresas elA©ctricas informaron al Senado que enterrar una red urbana puede costar entre seis y diez veces mA¡s que una aA©rea equivalente.
A modo de ejemplo, intervenir 254 metros de Avenida La Dehesa, en la RegiA3n Metropolitana, costarAÂa unos $2.080 millones, considerando a $8.200 millones por kilA3metro. Esta estimaciA3n municipal aÂÂprecisa Arriagadaa contempla redes elA©ctricas y de telecomunicaciones y corresponden a un proyecto especAÂfico; aÂÂpor lo tanto, no debe interpretarse como un costo promedio de soterramiento en SantiagoaÂÂ.
Responsabilidades compartidas
Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas ElA©ctricas A. G., manifiesta que la asociaciA3n valora esta normativa porque permite abordar un problema que afecta la seguridad de las personas y, ademA¡s, promueve el ordenamiento del espacio pAoblico.
Asimismo, aclara que la normativa establece que las empresas de telecomunicaciones son responsables de identificar, mantener y retirar sus instalaciones en desuso, asumiendo los costos. Y que las distribuidoras apoyan tA©cnicamente en coordinaciA3n con la CA¡mara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam).
Sobre cA3mo se reparten las responsabilidades y costos con las empresas de telecomunicaciones, que tambiA©n usan los postes, Meriches precisa que es importante distinguir quA© le corresponde a cada sector. aÂÂLas empresas de telecomunicaciones utilizan postes de las distribuidoras mediante apoyos sujetos a tarifas reguladas, pero son responsables de sus propios cables y equipos, incluyendo su instalaciA3n, mantenciA3n y retiroaÂÂ, comenta.
Desde los municipios, en tanto, el alcalde de Zapallar y presidente de la AsociaciA3n Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, seA±ala que frente al problema de excesos de cables en desuso, una de las soluciones que la ACHM diseA±A3 fue una ordenanza tipo para facilitar la fiscalizaciA3n del retiro de cables por parte de las empresas.
Y si bien se muestra partidario de avanzar hacia el soterramiento de los cables, recalca la responsabilidad respecto a su financiamiento. aÂÂValoramos que el proyecto de ley en discusiA3n proponga que estos costos sean asumidos por las empresas concesionarias, sin traspasarlos a las cuentas de las personasaÂÂ, puntualiza.
A modo de conclusiA3n, el siguiente paso aÂÂprecisa IvA¡n RamAÂreza es integrar la ley con un inventario georreferenciado, trazabilidad de residuos y economAÂa circular, con indicadores verificables de kilA3metros y toneladas retiradas, y del porcentaje reciclado. Sin esa trazabilidad aÂÂadviertea serA¡ difAÂcil saber si lo retirado se recicla o termina como residuo. aÂÂLa ley ya existe y el plan tambiA©n. Lo que falta es medir quA© tanto cambiA3 el cielo de las ciudadesaÂÂ, enfatiza.
aÂÂaÂÂ
Subsecretaria de Telecomunicaciones:
aÂÂSe han ordenado mA¡s de 180 mil metros de cablesaÂÂ
La ley marca el inicio del Plan Nacional de Ordenamiento y Retiro de Cables, una iniciativa que contempla mA¡s de 66 mil intervenciones progresivas en las 16 regiones del paAÂs. Sobre los avances, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, seA±alA3 a aÂÂEl Mercurioa que, desde el inicio del plan, se han retirado mA¡s de 30.000 kilos de basura aA©rea y ordenado mA¡s de 180.000 metros de cables. Actualmente, los trabajos de retiro avanzan en 13 comunas: La Florida, Papudo, La Serena, ConcepciA3n, MaipAo, Padre Hurtado, Castro, Puente Alto, San Carlos, QuilpuA©, San JoaquAÂn, Pirque y ViA±a del Mar; mientras que otras siete se encuentran en etapa de coordinaciA3n: Puerto Montt, San Pedro de la Paz, PeA±aflor, Santiago, La Reina, Coquimbo e Iquique.
Respecto a las sanciones, Romina Garrido, dijo que aÂÂsi bien las empresas que incumplan arriesgan multas de hasta 5.000 UTM, los resultados reflejan la efectividad del plan impulsado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, las municipalidades y las empresas a nivel nacional, logrando avances concretos en la recuperaciA3n de los espacios pAoblicosaÂÂ. Y agregA3 que aÂÂlas empresas tienen el deber permanente de mantener su infraestructura en A3ptimas condiciones. Ante cualquier contingencia, deben disponer de cuadrillas operativas para atender emergencias y denuncias. Ante incumplimientos, se arriesgan sanciones de hasta 1.000 UTMaÂÂ.
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