¿Quién gana con el gran acuerdo petrolero de Trump en Venezuela? Contrato por 100 años, los millones que no recibirá Venezuela y las cláusulas ocultas

El acuerdo también contiene disposiciones diseñadas para proteger los intereses de Betancourt y de otros inversionistas, algunos de los cuales no son de conocimiento público, y dificultar que futuros gobiernos de EE. UU. o Venezuela puedan modificar o desmantelar el negocio.Según la investigación, mientras Washington obtiene derechos preferenciales para comprar petróleo a precios reducidos durante los próximos 50 años, el control de la operación queda en manos de una junta directiva dominada por ciudadanos estadounidenses, sin la obligación de incluir representantes del gobierno venezolano.Las revelaciones plantean interrogantes sobre quiénes se beneficiarán de la explotación del petróleo venezolano y qué recibirá el país a cambio, mientras que su gobierno interino, encabezado por Delcy Rodríguez, ha defendido el acuerdo como una oportunidad histórica para recuperar su industria energética.

Las controversias sobre el acuerdo de Trump sobre el petróleo en Venezuela

El documento, firmado el 30 de agosto por el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y representantes de North American Blue Energy Partners NABEP, establece que el gobierno estadounidense adquirirá una participación del 35 por ciento en la compañía mediante una sociedad matriz constituida en Barbados.Washington obtiene además el derecho a comprar el 20 por ciento de la producción petrolera de NABEP a un precio preferencial de 30 dólares por barril, menos de una tercera parte de los precios a los que se ha comercializado el crudo en meses recientes.Estados Unidos también tendrá prioridad para adquirir el resto de la producción durante 50 años y podrá reclamar la totalidad del petróleo de la compañía si declara una emergencia nacional.Adicionalmente, disfrutará de las condiciones de nación más favorecida, que obligan a la empresa a informarle sobre otros acuerdos comerciales y a ofrecerle garantías equivalentes cuando resulten más ventajosas.En contraste, el documento no incluye una obligación expresa de pagar a Venezuela los 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos anunciados por la administración Trump. Eso no significa que la compañía quede exenta de sus obligaciones tributarias, sino que las cifras prometidas por Washington no están aseguradas en el acuerdo.

Otro punto controvertido es la duración de las concesiones. Según un funcionario estadounidense citado por ProPublica, el gobierno de Rodríguez habría otorgado a NABEP derechos de explotación por 100 años, una extensión que aparentemente contradice el límite de 25 años previsto en la legislación venezolana. Sin embargo, esas concesiones no se detallan en el documento examinado.

La polémica estructura de la junta directiva

Una de las revelaciones centrales es la estructura creada para administrar el negocio.La compañía tendrá una junta directiva de siete integrantes, de los cuales la mayoría deberá estar compuesta permanentemente por ciudadanos estadounidenses. Su mandato inicial será de 15 años y sus propios integrantes establecerán el procedimiento para elegir a quienes los sucederán.Betancourt conservará el cargo de director ejecutivo y se requerirá una mayoría especial de cinco votos para destituirlo, modificar la composición de la junta o aprobar determinadas transacciones. El gobierno venezolano no tiene garantizada la representación en ese órgano.

Según personas familiarizadas con las negociaciones, citadas por ProPublica bajo condición de anonimato, esas disposiciones fueron concebidas para dificultar que una futura administración estadounidense o un nuevo gobierno venezolano alteren el funcionamiento de la empresa.La estructura no vuelve jurídicamente irreversible el negocio, pero sí establece obstáculos para modificarlo.El documento también dispone que las controversias entre la empresa y el gobierno estadounidense se resolverán conforme a la legislación de EE. UU., ante un tribunal federal del norte de Texas, y que se aplicará la legislación estatal cuando no corresponda la federal.

Los inversionistas que permanecen en la sombra

Otra revelación apunta a la identidad de los beneficiarios privados.La participación estadounidense del 35 por ciento se canalizará a través de una sociedad matriz constituida en Barbados, jurisdicción cuyas normas corporativas permiten mantener reserva sobre accionistas y beneficiarios.El acuerdo no identifica a todos los propietarios de esa sociedad ni establece mecanismos claros para hacer públicos sus nombres o las compensaciones que puedan recibir.Entre los firmantes aparece Orlando Alvarado, un empresario vinculado desde hace años a distintos negocios de Betancourt y cuyo papel en el acuerdo no había sido divulgado por la administración Trump.Según información publicada previamente por el Miami Herald, fiscales federales estadounidenses lo identificaron como conspirador no acusado en una trama de desfalco de fondos de la petrolera estatal PDVSA.Ni Alvarado ni Betancourt han sido acusados formalmente en esos casos, según sus representantes, quienes rechazan las sospechas en su contra.El contrato contempla controles contra el lavado de dinero, auditorías externas e informes financieros al gobierno estadounidense, aunque no está claro si esa información será pública.

De acuerdo con una fuente consultada por ProPublica, la privacidad que ofrecía la estructura empresarial de Betancourt fue uno de los factores que favorecieron su elección frente a compañías petroleras estadounidenses sujetas a exigencias de transparencia más estrictas.Betancourt, de 46 años, construyó su fortuna durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y ha sido objeto de investigaciones por presuntas operaciones de lavado de dinero en EE. UU. y Europa.Cuando comenzaron las negociaciones, se encontraba bajo arresto domiciliario en Inglaterra mientras enfrentaba una solicitud de extradición por parte de Suiza. No ha sido acusado formalmente en esos procesos y sus abogados sostienen que las sospechas son infundadas.Según informaciones citadas por ProPublica, altos funcionarios de la administración Trump, entre ellos Christopher Landau, Pam Bondi y Todd Blanche, realizaron gestiones ante autoridades extranjeras para facilitar sus desplazamientos y buscar el cierre de investigaciones.De acuerdo con reportes de prensa, Betancourt también había colaborado con Washington proporcionando información sobre embarcaciones petroleras venezolanas y asuntos relacionados con la operación que culminó con la captura de Maduro en enero.

A ello se sumaban su buena relación con Delcy Rodríguez y su experiencia operando campos petroleros que seguían produciendo pese al deterioro de la industria venezolana.

Las dudas sobre Betancourt y sus antecedentes

Rubio ha defendido su elección y asegurado que una revisión de agencias estadounidenses no encontró investigaciones activas contra el empresario en el sistema judicial del país.Sin embargo, para el exembajador estadounidense en Venezuela James Story, la selección sigue siendo uno de los principales interrogantes del acuerdo.Story sostuvo ante ProPublica que una de las primeras preguntas que debería formular un nuevo Congreso es por qué se escogió a Betancourt y si sus antecedentes justifican abrir una investigación legislativa.La investigación también reconstruye cómo el Departamento de Defensa terminó desempeñando un papel central en una operación comercial petrolera.Inicialmente, funcionarios estadounidenses consideraron involucrar a compañías como Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips, pero las negociaciones no prosperaron. Tampoco pudieron recurrir a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional DFC, debido a restricciones legales para operar en Venezuela.La alternativa surgió a través de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, dirigida por David Lorch, quien anteriormente había trabajado en Cerberus Capital, firma vinculada al subsecretario de Defensa Steve Feinberg.Según ProPublica, Lorch participó en el diseño de las disposiciones destinadas a proteger la estructura directiva frente a futuros cambios de gobierno.El Pentágono deberá, eventualmente, ejecutar la adquisición del 35 por ciento de la compañía mediante derechos de compra de acciones a un centavo por título, aunque aún quedan condiciones pendientes.Senadores demócratas han cuestionado si esa dependencia tiene la autoridad legal para participar en una empresa extranjera que opera en un país sujeto a sanciones de EE. UU.

¿Qué tan rápido recibirá EE. UU. los beneficios petroleros?

El acuerdo también plantea dudas sobre la rapidez con la que llegarán los beneficios económicos prometidos por Trump. NABEP produce unos 200.000 barriles diarios y aspira a elevar esa cifra a 500.000 para finales de 2028.A los niveles actuales, el 20 por ciento que EE. UU. puede comprar con descuento equivale a unos 40.000 barriles diarios, una proporción reducida del consumo estadounidense. Además, el precio de 30 dólares no incluye todos los costos asociados con la extracción y comercialización del crudo pesado venezolano.La compañía sostiene que esos gastos no afectarán significativamente la rentabilidad del negocio.La Casa Blanca, por su parte, defiende el acuerdo como una herramienta para estabilizar la economía venezolana, atraer inversiones y ampliar las reservas energéticas estadounidenses. Delcy Rodríguez también lo ha respaldado y sostiene que Venezuela conservará la soberanía sobre sus recursos naturales.Mientras tanto, los demócratas del Senado ya han exigido explicaciones sobre la selección de Betancourt, los términos financieros y la legalidad de la participación del Pentágono.SERGIO GÓMEZ MASERI Corresponsal de - Washington - @sergom68

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