Las crisis de las AFP puertas adentro: gerencias y directorios bajo escrutinio

Una autoridad pone un ejemplo para ilustrar el problema. El límite máximo de velocidad en carretera es de 120 kilómetros por hora, pero en caso de lluvias torrenciales, suelo mojado, escasa visibilidad, un conductor prudente debería adecuarse a esas condiciones y quitar el pie del acelerador. El ejemplo alude a la polémica por el Fondo E y permite resumir el meollo del asunto: las AFP tienen un abanico de instrumentos para invertir los fondos de sus afiliados y hay límites y regulaciones que no sobrepasaron, pero en el caso de los derivados de tasas de interés que compraron en Estados Unidos, tomaron un riesgo desmedido, según la autoridad. Y ese riesgo ocasionó que el Fondo E acumularan una caída a una tasa de dos dígitos a septiembre. Aquello, en todo caso, se ha ido revirtiendo en parte durante este mes.

Un asesor de las AFP responde la analogía con otra: si la regulación les exige transitar un viaje entre Santiago y Viña del Mar en una hora y media, deben ir a 120 kilómetros para cumplir con el objetivo, pese a las dificultades de la ruta. En este caso, siguiendo con el ejemplo, las AFP debían tomar posiciones de inversión que permitiera calzar los plazos de sus carteras con los plazos de pensión de sus futuros pensionados. El objetivo era cumplir con sus pensionados. Y a falta de otros instrumentos, las AFP emplearon lo que la ley les permitía: alargar los plazos de sus carteras mediante derivados. "Si el legislador te exige llegar en una hora y media a Viña, debes correr ciertos riesgos para calzar las pensiones", afirma.

La discusión se resume en esas dos posiciones y tienen a las administradoras en una polémica no vista en años, dañando su reputación corporativa y amplificando sus riesgos legales: esta semana algunos afiliados ya activaron dos caminos, recursos de protección y querellas. Aquellas acciones, dice un abogado que ha seguido el caso, tendrán un largo camino por recorrer. En las indagatorias penales, la Fiscalía Nacional decidió este viernes asignar la investigación a Fiscalía Metropolitana Centro Norte, encabezada por el fiscal regional Francisco Jacir.

Pero el riesgo más inmediato es otro: este martes, la Superintendencia de Pensiones anunció la apertura de un inédito proceso sancionatorio a las siete AFP que integran la industria. Hasta ahora las gestoras no han sido notificadas oficialmente. Altos ejecutivos de tres AFP confidencian que se enteraron por la prensa. "La forma en la cual la ley establece que se inicia el procedimiento administrativo sancionador propiamente tal es con la notificación de la formulación de cargos", responde el fiscal de la superintendencia, Mario Valderrama. Y aquello debería ocurrir "dentro del próximo mes, incluso podría ser en un par de semanas. Estamos con todo el sentido de urgencia", afirma.

La intención del organismo que desde el 23 de marzo dirige Joaquín Cortez, quien reemplazó a Osvaldo Macías, es levantar cargos pronto y finalizar el proceso antes de nueve meses. En ese período, en general las AFP se defenderán con sus respectivas fiscalías. Luego podrían activar la incorporación de asesores legales externos que, en todo caso, ya han comenzado a ser sondeados para todas las aristas, incluyendo las penales, revelan varios bufetes de la plaza que esperan a sus futuros clientes.

Cortez conoce de cerca la industria de AFP. Fue gerente de inversiones, gerente general y presidente de AFP Provida, a la que estuvo ligada por años. Cuando fue nombrado superintendente en marzo, debió renunciar al directorio de Administradora Americana de Inversiones (AAISA), el holding que controla a AFP Habitat en Perú y la AFP Colfondos en Colombia.

Pero aquello no lo inhabilita de cara tener que resolver este caso. "La ley establece que para inhabilitarse uno tiene que tener un interés personal, por ejemplo, tener parte importante de su patrimonio en la administradora, ser accionista, o tener un vínculo contractual. No es el caso del superintendente. Hice ese examen minuciosamente cuando asumió el cargo", explica el abogado Valderrama. Otras causales incluyen tener enemistad manifiesta o amistad íntima. "Tampoco es el caso", puntualiza el fiscal del organismo regulador.

Los directorios y ejecutivos

Los directorios y principales ejecutivos de las AFP admiten encontrarse en una situación incómoda. El ambiente en las gerencias de inversiones ha estado particularmente tenso, especialmente en el área de renta fija. Desde tres AFP explican que no citaron a sesiones extraordinarias de directorio por este motivo: no fue necesario porque justo esta semana tenían agendadas sus sesiones ordinarias en las que se abordó en profundidad el asunto. Pero las llamadas telefónicas, videollamadas y reuniones no han parado, con la administración y también dando explicaciones a sus controladores. Asimismo, desde las AFP han puesto foco en intentar explicar a expertos, agentes del mundo financiero y economistas las razones que sustentan su línea de defensa: esta no fue una apuesta, sino una estrategia de inversión.

Una persona de la industria calcula que las revisiones de la autoridad podrían comprometer a más de 60 personas de las siete AFP, incluyendo en el conteo a los directorios, las gerencias generales y las gerencias de inversión. Todos ellos han estado estas dos últimas semanas activados, con contactos permanentes y constantes, preparando sus defensas. Lo mismo la Asociación de AFP, gremio que dirige desde abril el exHabitat León Fernández de Castro y que es asesorada legalmente por un abogado que ha trabajado antes con la industria: Rodrigo Díaz de Valdés, socio de Baker McKenzie.

No existe un director de orquesta en esta crisis, dice alguien ligado a la industria que afirma que la defensa de las AFP es individual, no colectiva. Y aunque Fernández de Castro asumió la vocería en la primera semana, ahora cada gestora debía sacar su propia voz para justificar sus decisiones de inversión, lo que comenzaron a hacer este fin de semana. La primera en salir en público fue Planvital. "Hicimos lo prudente. Tomamos una posición conservadora de protección de pensión", dijo a Pulso el gerente general de Planvital, José Joaquín Prat. "Estamos tranquilos con que la posición que teníamos nos parecía correcta, tiene fundamentos técnicos", agregó.

Varios abogados afirman que las gestoras tienen para sus cúpulas seguros que se denominan D&O (Directors and Officers insurance), los que podrían activar en un caso que podría comprometer el patrimonio de los ejecutivos y directores que sean acusados de negligencia.

El debate lo instaló el mismísimo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien al respaldar la decisión de la superintendencia del martes apuntó a las mesas directivas. "La naturaleza de las sanciones, tal como lo establece la ley, cada vez que hay una falta de un director a su debida obligación de diligencia y cuidado, los directores, recordemos, responden con el patrimonio", dijo Quiroz. La misma pregunta se han hecho muchos economistas que han llenado la agenda pública con la misma inquietud: ¿actuaron los directorios con la diligencia que les exige la ley?. Cercanos a las AFP aseguran que sí y que las actas de sus reuniones, que están en poder de la autoridad, demostrarán que debatieron este tema.

Los directorios son el órgano mayor de gobierno corporativo de las AFP. En la revisión actualizada de esas mesas, a julio, en los reportes oficiales de la Superintendencia de Pensiones, son 41 directores titulares. Cinco AFP (Cuprum, Modelo, Uno, Provida y Capital) tienen directorios de cinco integrantes y dos (Habitat y Planvital) poseen mesas de ocho miembros. En total, hay 40 directores en ejercicio, tras la renuncia en agosto del abogado Jorge Carey, de 84 años, a la mesa de Provida.

De esos 40 directores, 30 son hombres y 10 son mujeres. Y en la misma proporción, 30 son chilenos y 10 son extranjeros. Los chilenos promedian 55,7 años de edad. Planvital es la que tiene más extranjeros, con seis; y Habitat es la que tiene más presencia femenina, con tres. Entre las profesiones, la que más se repite es ingeniero comercial e ingeniero civil, aunque hay casi una decena de abogados. También hay otras profesiones, con un representante cada una: periodista, trabajador social, agente de aduanas, historiador y sicólogo.

La presión soterrada de economistas, autoridades y políticos ha apuntado en la dirección de las responsabilidades y ha evidenciado la soledad de las AFP. La bancada de diputados de la UDI, por ejemplo, pidió esta semana la renuncia de todos los directorios, gerentes y ejecutivos que participaron en las operaciones cuestionadas. Asesores de varias AFP dicen que aquello no está sobre la mesa, porque además de debilitar su defensa, asumiendo con ello implícitamente alguna responsabilidad, contradice su principal argumento: las AFP actuaron con la debida diligencia, en favor de sus afiliados, con el objetivo principal de proteger la pensión, utilizando la regulación y normas vigentes. Un accionista de una AFP afirma además que, sin que concluya el debido proceso de fiscalización como el que está en curso por parte del regulador, nadie se apresurará a tomar una decisión de este tipo.

Tampoco hasta ahora han dado luces de acoger otra de las recomendaciones de esta semana: el exministro de Hacienda, Mario Marcel, propuso que las AFP podrían compensar a los afiliados más afectados. "Si son tan pocos como ellos dicen, a lo mejor no es tan difícil", dijo. Entre el 7% y 9% de los afiliados del fondo E tienen entre 60 y 65 años: en total, serían unos 67 mil, dice alguien con conocimiento del tema. El proceso del regulador también investiga lo ocurrido con el Fondo D, que registró una baja de 6,38% a septiembre, y que tiene 620 mil afiliados sobre 60 años. Una compensación tendría la misma dificultad de los despidos: sería asumir una cuota de responsabilidad que, a futuro, con otros potenciales cambios bruscos en el precio de las cuotas, volvería a ser exigida.

"Indemnizar en este caso no es algo que esté en la ley", agrega otro especialista legal, aunque existen algunos precedentes de situaciones específicas, en los que se ha distribuido equitativamente a todos los cotizantes de un mismo fondo una compensación. Son pocos casos, pero hay. Todos los grandes han sido iniciados por juicios que activaron las AFP: cuando las acordaron con LarrainVial transacciones extrajudiciales por el caso Cascadas, en 2016, o al pactar el pago de indemnizaciones con PwC, en 2022, por el caso La Polar, tras ganar un extenso litigio en la Suprema.

La ley establece que las AFP "estarán obligadas a indemnizar a los fondos que administran por los perjuicios directos que ellas, cualquiera de sus directores, dependientes o personas que le presten servicios, les causaren".

Las mesas directivas de las AFP tienen, por lo general, remuneraciones fijas, pero algunas distribuyen también montos variables, principalmente asociados a su participación en comités. Por ejemplo: a los directores titulares, Cuprum paga 100 UF al mes, Provida, 250 UF y Capital 126. La cifra sube en el caso de los presidentes y algunas permiten asesorías especializadas, vía honorarios. Son pocas las que asocian remuneraciones al resultado del año: Habitat es una de ellas: , este año decidió en su junta de accionistas repartir el 0,05% de la utilidad del ejercicio antes de impuesto a cada director, 0,08% a su presidente y 0,06% a su vicepresidente.

Mario Marcel también apuntó la semana pasada que "sería interesante saber cuáles eran los esquemas de bonos que tenían los ejecutivos de las AFP que estaban a cargo de estas operaciones". Las memorias anuales de las administradoras constatan que existe una remuneración fija para sus principales ejecutivos (gerentes y algunas veces subgerentes) y también hay otra parte variable; pero no entregan las reglas para aquello. Fuentes ligadas a dos AFP explican que, en el caso de sus áreas de inversiones, los incentivos están puestos de tal manera que se entrega una compensación por obtener rentabilidades que están por sobre el benchmark, pero aclaran que no hay un premio por obtener el primer lugar, para no generar incentivos a tomar mayor riesgo. Inclusive, se suelen medir plazos más largos que tan solo un año.

Los nuevos requisitos para ser director

En enero, con Osvaldo Macías a cargo, la superintendencia dictó una norma de carácter general con mayores exigencias para los gerentes, profesionales encargados de inversiones, y directorios de las AFP, un encargo de la reforma previsional. En el caso de estos últimos, la norma establece que la mayoría de los directores, incluyendo a titulares y suplentes, "deberán acreditar una experiencia acumulada mínima de cinco años, adquirida en empresas que administren activos por un monto igual o superior a US$1.000 millones", en entidades reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) o la propia Superintendencia de Pensiones.

Las AFP Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital y Provida, ingresaron un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para paralizar la normativa. El TC lo declaró inadmisible. Pero curiosamente aceptó otro requerimiento, que no es de una AFP, sino de su controlador, lo que detuvo su entrada en vigencia. El requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Sura Asset Management Chile S.A., dueña de AFP Capital, argumenta que la norma en cuestión afectó tres derechos constitucionales: de asociación, libre iniciativa económica y derecho de propiedad. Y que la autoridad estableció una nueva regulación que no fue ordenada por la ley. La causa la lleva uno de los directores de Capital, el abogado Germán Concha.

Las AFP que fracasaron ante el TC no se rindieron y presentaron recursos de protección ante las Cotes de Apelaciones, asesorados por los abogados Rodrigo Díaz de Valdés y Felipe Soza, de Baker McKenzie, alegando que el documento del regulador es "ilegal y arbitrario", en una contienda judicial que continúa sin resolución.

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