Inteligencia artificial y salud: ¿amplificador de desigualdad o puente?
El avance de la inteligencia artificial en el sector privado de salud avanza a una velocidad que el sistema público no está igualando. El riesgo es claro: que esa innovación, en lugar de elevar el estándar de todo el sistema, amplíe todavía más las brechas de acceso, calidad y oportunidad entre quien puede pagar atención privada y quien depende del servicio público.
Esa advertencia estuvo presente en el panel sobre ecosistema privado de salud de la Semana de Innovación de AMIIF. Lo que resultó evidente es que empieza a detonarse una conversación más franca entre el Gobierno y los actores de la industria de la salud, ya sin el miedo de hablar en términos netos de lo que sucede. Ello quedó muy claro en el panel dedicado precisamente al ecosistema privado, durante el último día de la Semana de Innovación 2026 de la AMIIF. La respuesta en que coincidieron los panelistas no es frenar la tecnología, sino retomar una colaboración público-privada seria, entendiendo que se trata de un solo sistema de salud y que el Estado debe ejercer la rectoría que le corresponde.
En el sector privado la incorporación de herramientas de inteligencia artificial es más rápida y, en varios frentes, ya ocurre. Se utilizan algoritmos para detección temprana de enfermedades crónicas, apoyo en diagnósticos, seguimiento de padecimientos neurodegenerativos y atención de salud mental (depresión, ansiedad, riesgo suicida). Estas herramientas generan eficiencias administrativas, terapéuticas y de prevención, y producen aprendizajes técnicos que podrían ser útiles para todo el sistema. El problema, como señaló Jaime Ponce, de Funsalud, es que esa misma velocidad puede convertirse en un amplificador de desigualdad. Si las mejoras de eficiencia, precisión y prevención quedan concentradas en el ámbito privado mientras el público permanece rezagado, la distancia entre ambos se ensancha. La inteligencia artificial puede ayudar a simplificar procesos complejos —como las pólizas de seguros de gastos médicos mayores, de lectura difícil y generadoras de expectativas falsas—, pero solo si su adopción no se limita a quienes ya tienen acceso. El médico no será sustituido; el valor diferencial seguirá estando en el criterio clínico, la sensibilidad y el contexto humano. La herramienta, sin embargo, debe estar disponible de forma más amplia si se quiere que el beneficio no se convierta en privilegio.
De ahí, un segundo eje del panel fue la necesidad de colaboración público-privada bajo una rectoría efectiva del Estado. El sector salud mexicano sigue fragmentado. Y ello, combinado con el envejecimiento de la población y la carga persistente de enfermedades crónicas, pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema. Los participantes insistieron en que ya no basta con que el mercado se equilibre solo. El Estado debe facilitar procesos, ser garante de la oferta y fortalecer mecanismos de calidad. No se trata de absorber todo, sino de ejercer liderazgo para que la innovación privada y las capacidades públicas se articulen.
Una propuesta concreta, que dio Daniel Bandle, de Axa Seguros, fue explorar la obligatoriedad regulada del seguro de gastos médicos mayores. Hoy solo alrededor del 10% de la población cuenta con esta cobertura y el universo de asegurados individuales es limitado. Esa base pequeña favorece la selección adversa, dificulta la mutualidad y deja fuera a buena parte de los adultos mayores. Hacer el seguro obligatorio, con reglas claras y transferencias parciales de carga del Estado hacia el sector privado regulado, podría ampliar la base de riesgo, mejorar la previsibilidad financiera y liberar recursos públicos. Otra herramienta propuesta fue un identificador único de persona que permita conectar información pública y privada para elevar estándares de calidad en ambos ámbitos, y mecanismos de transparencia para que las personas tomen decisiones mejor informadas, especialmente ante gastos catastróficos.
Las barreras no son solo tecnológicas. Se habló de los incentivos perversos en la canalización de pacientes y en la fijación de precios que desvirtúan la atención y alejan el foco de la persona. También, de que la baja alfabetización en salud limita el aprovechamiento de la infraestructura y de las herramientas financieras disponibles. Integrar público y privado no significa borrar diferencias ni privatizar de golpe; significa dejar de operar como dos sistemas paralelos —uno para quienes pueden pagar y otro para el resto— y construir reglas comunes de calidad, información y prevención bajo la conducción del Estado.