Gobierno pasa la tijera al Presupuesto General 2026: estos son los sectores donde recortará $ 13,8 billones
El primer tijeretazo del Gobierno al Presupuesto General de la Nación de 2026 quedó por debajo de los 21,9 billones de pesos que había anunciado el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. La razón, el Decreto 1585, del 22 de octubre, materializa, en principio, una reducción de 13,8 billones que alcanza recursos para carreteras, aeropuertos, transporte férreo, programas sociales y funcionamiento de las entidades públicas.La diferencia frente al monto anunciado ronda los 8,1 billones de pesos. Aunque el Ministerio de Hacienda anticipó que habrá otro recorte, no precisó cuándo se hará efectivo ni cómo se distribuirá ese siguiente ajuste.
Por ahora, dicha cifra equivale, según Hacienda, al 0,7 por ciento del producto interno bruto PIB. El decreto recuerda que el Consejo de Ministros autorizó el 29 de agosto una disminución de apropiaciones hasta por 21,9 billones de pesos."Estamos demostrando con hechos que el Estado debe ajustar sus gastos a los ingresos reales del país", afirmó Gómez Martínez.La explicación presupuestal está en los considerandos del decreto. Hacienda estimó que los recaudos del año son inferiores a los gastos y obligaciones que deben pagarse con esos recursos. Por eso, la medida disminuye tanto el presupuesto de ingresos como las autorizaciones de gasto por una misma suma. Son las dos caras del ajuste, no dos recortes que deban sumarse.Mayor golpe en inversiónSegún cifras redondeadas suministradas por el Gobierno, la reducción se distribuye en 6,8 billones de pesos de inversión, 4 billones de servicio de la deuda y 3 billones de funcionamiento.En efecto, la inversión concentra cerca de la mitad del ajuste. Hacienda sostiene que se retiraron recursos de contratos que ya no alcanzarán a ejecutarse o que no son prioritarios. En funcionamiento, señala que se redujeron contratos de prestación de servicios y compras innecesarias, y que se descartaron procesos de contratación cuya planeación estaba desfasada.Sin embargo, el detalle del decreto muestra que el alcance comprende también transferencias, infraestructura y programas sociales. La información disponible permite identificar las partidas presupuestales reducidas, aunque no establecer, en todos los casos, cuántas obras, beneficiarios o actividades dejarán de atenderse.Uno de los mayores ajustes corresponde al Instituto Nacional de Vías Invías, con cerca de 1,44 billones de pesos. De ese monto, 1,26 billones salen de inversión y 180.431 millones de funcionamiento, estos últimos registrados como transferencias corrientes.Entre las partidas de inversión afectadas aparecen 20.361 millones de pesos para el mejoramiento y mantenimiento del corredor Bogotá–Chiquinquirá–Bucaramanga–San Alberto; 15.470 millones para la transversal Las Ánimas–Bogotá, entre otros.Estos valores corresponden a reducciones de las asignaciones de 2026. Por sí solos no permiten concluir que los proyectos completos se cancelen.En la Aeronáutica Civil, el recorte alcanza 949.143 millones de pesos y casi todo corresponde a inversión. El decreto incluye 883.528 millones en infraestructura y servicios de transporte aéreo.
Dentro de ese grupo figuran reducciones por 81.241 millones de pesos para servicios aeroportuarios y de navegación aérea del Alfonso Bonilla Aragón, de Cali; 28.000 millones para infraestructura del aeropuerto Jorge E. González Torres, de San José del Guaviare, entre los principales recortes en este frente.La Agencia Nacional de Infraestructura ANI, por su parte, tendrá 393.306 millones de pesos menos, todos en inversión. El componente más grande es el transporte férreo, con 326.226 millones.Allí se incluyen 163.635 millones de pesos del proyecto de mejoramiento del corredor La Dorada–Chiriguaná mediante una concesión de asociación público-privada y 162.591 millones para rehabilitación, construcción y mantenimiento de la red férrea nacional. Otros 42.443 millones corresponden a asesorías y consultorías para la gestión de la ANI.
Los blindajes
El decreto también incorpora una protección expresa. El artículo tercero dispone que el recorte no surte efectos fiscales sobre las apropiaciones que respalden compromisos adquiridos con cargo al presupuesto de 2026 y que estén debidamente perfeccionados.Así, la reducción tiene un límite frente a las obligaciones que ya cumplieron las formalidades exigidas. No constituye una autorización general para desconocer compromisos existentes.Las entidades a las que se les asignó un recorte global, advierte la norma, deberán identificar las partidas específicas afectadas y comunicarlas a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional de Hacienda dentro de los tres días siguientes a la publicación.El Gobierno presenta esta decisión como el comienzo de una estrategia que continuará con otro recorte y con la presentación de la Ley de Rescate Económico al Congreso, prevista para la semana que viene. El siguiente paso inmediato será que las entidades con ajustes globales definan de dónde saldrán los recursos, mientras queda pendiente concretar la parte del anuncio de 21,9 billones de pesos que el decreto no materializa.
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