El Partido Socialista y Codelco
Con su declaraciA3n, la dirigencia socialista pretende transformar una crisis de gestiA3n en una reyerta ideolA3gica.
Vergonzosas reacciones se han producido luego de la reciente junta de accionistas de Codelco.
En particular, el Partido Socialista, una colectividad que, por sus convicciones ideolA3gicas, debiese estar particularmente interesada en el buen funcionamiento de las empresas estatales, ha preferido en cambio eludir el tema de fondo aÂÂesto es, las deficiencias de gestiA3n e irregularidades en el registro de la producciA3n de la minera que han salido a la luza para recurrir al fA¡cil expediente de calificar todo como una aÂÂcampaA±a de desprestigioa contra la estatal, impulsada con el objeto de luego privatizarla a bajo precio. En la misma lAÂnea aÂÂy hasta el mismo dAÂaaÂÂ, la FederaciA3n de Trabajadores del Cobre, encabezada por un militante del PS, tambiA©n denunciA3 una aÂÂcampaA±a deliberada y estratA©gica que busca allanar el camino hacia el desmantelamiento y la privatizaciA3naÂÂ. Afirmaciones parecidas han formulado otras figuras de la oposiciA3n, como la secretaria general del PC, siempre siguiendo tal libreto: los cuestionamientos realizados en esa junta de accionistas por el actual presidente del directorio y por ministros de este gobierno serAÂan parte de una operaciA3n contra la estatal con el fin de vender aÂÂa precio vila sus activos. El propio expresidente del directorio, MA¡ximo Pacheco (tambiA©n PS), en cuyo perAÂodo ocurrieron los hechos que hoy se investigan, utilizA3 esas palabras en una exposiciA3n en el Cenda, un centro de estudios cercano al PC. Evidentemente, si esos son los tA©rminos, se torna casi imposible una discusiA3n seria sobre la empresa.
En efecto, una lectura asA tiA±e polAÂticamente un asunto que pertenece al mA¡s estricto A¡mbito de la gestiA3n, pretendiendo descalificar de antemano la crAÂtica. Se privilegia asA el llamado a la propia aÂÂtribua aÂÂaÂÂhay que defender CodelcoaÂÂaÂÂ, sin entender que el mayor daA±o a la empresa es el que provocan las irregularidades y dA©ficits en su operaciA3n.
Por cierto, tal discurso revela ademA¡s ignorancia respecto de los deberes fiduciarios de su alta direcciA3n. Lo que ha hecho el actual presidente del directorio no ha sido mA¡s que cumplir con el mandato de todo administrador diligente, exponiendo los problemas con transparencia. Y en este sentido, las cifras puestas sobre la mesa exigen medidas urgentes. MA¡s allA¡ de que los antecedentes preliminares muestran que la producciA3n informada habrAÂa sido incrementada artificialmente en al menos dos ejercicios, en los Aoltimos ocho aA±os la empresa ejecutA3 un esfuerzo de inversiA3n que superA3 los US$ 32 mil millones, mientras su producciA3n caAÂa desde 1,7 a 1,2 millones de toneladas. AdemA¡s, sus costos operativos superan a los de referentes internacionales comparables.
Poco ayuda que la dirigencia PS pretenda transformar esta crisis de gestiA3n en una reyerta ideolA3gica. El persistente declive productivo de Codelco no es un asunto de trincheras polAÂticas, sino un grave problema de ineficiencia operativa. Revertir esta perjudicial trayectoria exige pragmatismo, y las alianzas con privados aparecen como un instrumento razonable y probado, no como una amenaza; de hecho, el expresidente Pacheco las promoviA3 en su perAÂodo. La estatal posee cerca de un millA3n de hectA¡reas de pertenencias mineras sin explotar, que no estA¡ en condiciones financieras ni de gestiA3n para desarrollar por sA sola. La experiencia de El Abra, con Freeport; el plan minero conjunto Andina-Los Bronces, con Anglo American, y la sociedad con Pucobre para el proyecto Tovaku muestran que es posible aprovechar esos recursos en beneficio del propio Estado. Siguiendo ese camino, la corporaciA3n ofrece hoy siete proyectos a eventuales socios y propone perfeccionar la ley de 1992 que regula estas asociaciones, mecanismo que naciA3 bajo el gobierno del Presidente Aylwin.
El paAÂs requiere que su principal empresa funcione bajo estrictos estA¡ndares de excelencia corporativa y eficiencia. Quienes critican la transparencia en su conducciA3n y hacen advertencias de recurrir a la aÂÂcallea y aÂÂa las fuerzas sociales y ciudadanasa en caso de aÂÂque sea necesarioaÂÂ, parecen privilegiar el amparo de las ineficiencias por sobre el resguardo de los intereses generales del Estado.
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